La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cierra este viernes sus alegatos en el marco de la defensa en la causa "Vialidad". Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena en su contra de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La propia referente del Frente de Todos (FDT) hará uso de la palabra ante el tribunal hoy.
A partir de las 9.30, el defensor de la ex jefa de Estado, Alberto Beraldi, comenzó a darle cierre a su argumentación, que había desarrollado durante el lunes y el martes.
"Fuimos evaluando uno por uno los argumentos (de la acusación), cotejando lo que sostiene la Fiscalía y lo que la prueba de este juicio reporta. Es imposible que los proyectos de Presupuesto fuesen elaborados de manera arbitraria por los ex presidentes, dado que se trata de un proyecto de ley de extraordinaria complejidad, que tiene controles legales cruzados", sostuvo Beraldi.
Además, sostuvo que ambas cámaras del Congreso "habían llevado a acabo una discusión seria y coherente de lo que se denomina 'ley de leyes'". "La hipótesis de un amedrentamiento o coacción hacia los legisladores para votar también fue una fantasía; incluso los legisladores de la oposición advirtieron que eso jamás había ocurrido", añadió.
Luego, se refirió al supuesto "plan limpiar todo" expuesto por la Fiscalía, y que -según la hipótesis oficial- consistió en no dejar rastros de las irregularidades cuando se produjo el cambio de Gobierno nacional, en 2015. "Es un invento", describió Beraldi. Y afirmó que, a su criterio, la defensa probó que Cristina Kirchner no llevaron adelante las reuniones con Báez que habían relatado Luciani y Mola en sus alegatos.
"Cristina Kirchner jamás impartió directiva alguna"
Beraldi afirmó que “Cristina Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas” y aseguró que “no hay ningún elemento que sostenga lo contrario”.
En esa línea y con el objetivo de desvincular a su defendida de la causa, argumentó que “resulta fácticamente imposible que desde la presidencia de la Nación se ejerza de forma personal el control de los procesos de adjudicación, ejecución y pago de todos los proyectos de obra pública vial del país”.
Con relación a los planteos de la Fiscalía en torno a las demoras en la realización de las obras investigadas, el abogado de la vicepresidenta señaló que los tiempos fueron los habituales y cuestionó que “jamás se solicitó la realización de un estudio pericial a efectos de determinar si las ampliaciones de plazo se encontraban o no justificadas”.
A su vez, remarcó que “la única inspectora que pudo declarar en el juicio ratificó que las ampliaciones de plazo de las obras investigadas estaban debidamente justificadas por causas reales y verificables”.
Obras inexistentes
Sobre la acusación en torno a obras inexistentes y deficiencias constructivas en las mismas, Beraldi subrayó: “Medios de comunicación decían que las obras no estaban (...) así que la defensa solicitó la realización de un estudio pericial para esclarecer estas cuestiones”. No obstante, indicó que “el Tribunal rechazó la prueba ofrecida en el entendimiento de que ‘se pretende analizar aspectos que exceden la plataforma fáctica esencial del reproche formalizada en la etapa intermedia’”.
Más tarde, aseguró que aún así los auditores de la DNV constataron que “las rutas sí existen y que es falso que no van a ningún lado”, y sostuvo que dicha acusación emergió de una “construcción mediática que surgió, entre otras cosas, de un informe periodístico”, en alusión a un material emitido por Canal 13.
Por otro lado, la defensa de CFK cuestionó la cuantificación del perjuicio producido al erario expresado por Mola durante los alegatos.
"La Fiscalía dice que este supuesto perjuicio más o menos estaría en el orden de los $5.300 millones. Yo quiero recordar que cuando se inició el juicio se habló de una defraudación de más de $46.000 millones y luego se dictó un embargo por $10.000 millones, vamos bajando...”, cuestionó Beraldi.
A continuación, acusó a la Fiscalía de reconocer que “no es científico” el método utilizado para cuantificar el perjuicio y lanzó: “¿En qué quedamos? ¿Es el juicio más grave en materia de corrupción y no tienen ni una estimación seria?”, planteó.
Las claves de la causa "Vialidad"
Cristina Kirchner es sindicada como supuesta jefa de una asociación ilícita dedicada a beneficiar al empresario Lázaro Báez con la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz, durante la década kirchnerista.
También están imputados el propio Báez, ex funcionarios clave de la gestión "k", como Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y el tucumano José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo).
La investigación comenzó en 2016, a partir de la denuncia del ex titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel. Los acusadores sostienen que hubo sobreprecios en la adjudicación de obras viales, además de trabajos subejecutados y abandonados.
Según Luciani y Mola, durante el kirchnerismo se llevó adelante una "matriz de corrupción" que, mediante estas maniobras, generó un perjuicio estimado de 1.000 millones de dólares al erario.